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La Comunidad Autónoma de Canarias ha condicionado su apoyo a la propuesta del Estado para realizar una reforma rápida de la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), vigente en España desde hace apenas cinco años. A pesar de compartir muchos de los contenidos de la reforma, como la eliminación definitiva de las reválidas que nunca se llegaron a aplicar, o la recuperación de la participación de todos los segmentos de la comunidad educativa en los consejos escolares, la consejera de Educación canaria, Soledad Monzón, considera el anteproyecto de Ley de reforma de la LOMCE debatido hoy en la Conferencia Sectorial de Educación, "poco debatido" y "que va mas allá de la mera derogación de la LOMCE".

Esta reforma acaba con la posibilidad de llegar a un Pacto de Estado por la Educación "y sigue la senda emprendida por el PP en la Legislatura anterior de aprobar leyes y reformas legislativas en Educación sin un consenso razonable, lo que nos ha llevado a perder cinco años de progreso del sistema educativo, por los continuos vaivenes en la normativa."

Por estas razones, indicó que "enmendaremos el proyecto de Ley durante su tramitación parlamentaria, porque entendemos que sigue sin dar un modelo estable para la Educación en España, soslaya el incremento presupuestario que llevó al PSOE a levantarse de la mesa del Pacto hace unos meses y no entra a regular aspectos fundamentales y que, a nuestro juicio, sí son de urgente solución, como el acceso a la carrera docente o la regulación homogénea del primer ciclo de Educación Infantil".

En primer lugar, la Comunidad Autónoma canaria considera muy precipitado aprobar un anteproyecto de Ley cuyo texto preliminar se entregó a las comunidades hace apenas un mes y medio, el pasado 19 de noviembre, "después de haber mantenido un largo proceso de trabajo con el anterior Gobierno estatal, con el que se debatió en numerosas ocasiones esta reforma, en el marco de un nuevo Pacto de Estado por la Educación". Soledad Monzón recordó que ese Pacto "se trabajó durante más de un año y medio, dio lugar a más de cien comparecencias en la Comisión constituida al efecto en el Congreso de los Diputados y a sesiones específicas en el Senado...y el nuevo Gobierno pretende ahora que se tome una decisión en un mes y medio, cuando ni siquiera introduce en la reforma el motivo fundamental que esgrimió el PSOE para romper el trabajo de aquel pacto".

La consejera se refería así a la decisión del PSOE de abandonar los foros donde se debatía el futuro Pacto por la Educación en España, que Canarias considera determinante para dar estabilidad al sistema educativo, por la negativa del PP a incrementar la dotación presupuestaria para esta área al 5 por ciento del PIB. Monzón reconoció estar sorprendida por la ausencia de cualquier referencia a la financiación en el anteproyecto de Ley debatido hoy: "No puedo entender cómo algo que es tan importante a juicio del PSOE como para echar por tierra cientos de horas de trabajo de parlamentarios y parlamentarias, catedráticos y catedráticas y especialistas de todo tipo en los diferentes aspectos de la Educación, se deja fuera ahora de la reforma de la Ley, cuando el Gobierno no tiene más que incluir esa financiación en los próximos presupuestos del Estado, ahora que está en su mano hacerlo."

En este sentido de dar continuidad y aprovechar todo el trabajo realizado en el marco del Pacto por la Educación, la consejera reivindicó también que se recuperen los trabajos que estaba realizando una subcomisión de la Conferencia Sectorial para aprobar un nuevo sistema de acceso a la función docente. "El sistema actual es injusto y genera desigualdades de relevancia entre docentes con experiencia y docentes de nuevo acceso" -afirmó, antes de añadir que "en Canarias hemos trabajado mucho para poder articular un nuevo sistema de carrera profesional docente a la que se acceda por la nota de un único examen, a la que siga un periodo de prácticas mucho más extenso y riguroso que el actual, para que las personas que quieran dar clase demuestren su capacidad para hacerlo de forma práctica". Sin embargo, el nuevo proyecto de Ley deja también de lado esta regulación "y de nuevo hace que los meses de trabajo empleados acaben en nada".

Como último aspecto de discrepancia con el documento presentado hoy por la ministra del área, Soledad Monzón indicó que "se olvidan de regular lo que es verdaderamente urgente regular", en referencia al primer ciclo de Educación Infantil. Soledad Monzón señaló que la etapa no se reguló convenientemente en la LOE, en el año 2006, salvo para determinar que era una etapa educativa; siguió sin regularse en la LOMCE y más de una década después, en la reforma de 2019, "parece que tampoco se va a tocar, pese al reciente anuncio de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias a bombo y platillo de que iban universalizar la etapa". "¿Dónde está esa universalización?¿Cómo se aplicará?¿Quién deberá financiarla?" -preguntó la consejera y recordó que la reforma es una "oportunidad de oro" para acabar con la incertidumbre y la diferente regulación según la comunidad autónoma, además de aplicar las PNL en este sentido aprobadas tanto por el PSOE, como por Podemos en el Congreso de los Diputados en 2017 y, de nuevo, en marzo de 2018.

La consejera canaria recordó que no se opone a una reforma de la LOMCE que considera muy necesaria e incluye aspectos positivos, como la eliminación de las reválidas o devolver el poder de decisión de madres, padres y alumnado a través de los Consejos Escolares que se había perdido con la nueva Ley. "Lo que no puede ser es que solo se cambien los aspectos que quiera el Gobierno central y no se escuche a los demás, porque estaremos entrando en un nuevo ciclo de cambio de leyes de forma unilateral, cada vez que un nuevo partido llega al Gobierno estatal, lo que empieza a ser insostenible".

Por esta razón, la consejera canaria situó la decisión "en el terreno de las continuas incoherencias que están guiando la acción de Gobierno estatal" y enumeró varias de ellas, como aprobar la rebaja de 20 a 18 horas lectivas para el profesorado de Secundaria y Bachillerato "y al mismo tiempo no autorizar a las comunidades autónomas cumplidoras con los objetivos del déficit público a invertir su superávit, cuando esa decisión supone sólo en las Islas casi 60 millones de euros más". "Pero el actual Gobierno estatal no es el único incoherente" -continuó, antes de afirmar que "el PP también lo está siendo, porque pretendió impulsar un Pacto estatal por la Educación cuando gobernaba y ahora plantea medidas como la recentralización en el Estado de las competencias en Educación, algo que es completamente inadmisible para la mayor parte de las comunidades autónomas y boicotea cualquier posibilidad de alcanzar un Pacto global, en ese contexto".

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