La ministra de Hacienda, Maria Jesus MonteroMontero ha sido cuestionada por el hecho de que algunas regiones gobernadas por el PSOE -como Andalucía- no han bajado o suprimido antes un impuesto "que algunos califican de abusivo" y que ahora ha provocado la actuación del Gobierno

El Gobierno ha aprobado este jueves el Real Decreto-ley por el que obliga a los bancos a asumir el pago del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD) vinculado a una hipoteca, medida anunciada este miércoles por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. De esta forma -y a partir del próximo sábado 10 de noviembre- el tributo ya no tendrán que abonarlo los clientes, como ocurre ahora.

El Ejecutivo central ha movido ficha tras la actuación del Tribunal Supremo. Este martes, el Alto Tribunal estableció que fueran los consumidores los que pagaran el AJD, con lo que rectificaba lo expuesto en una sentencia firme apenas tres semanas antes: que era la banca la que debía hacerse cargo del tributo.

Esto "generó una gran alarma social e inseguridad jurídica en los ciudadanos y en el mercado hipotecario", ha señalado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde ha explicado que la medida busca "garantizar la seguridad jurídica".

"Lamentamos el cambio de criterio producido esta semana por parte del Tribunal Supremo en la controvertida sentencia", ha dicho Montero, para quien el decreto aprobado por el Ejecutivo central tiene como "único" objetivo "que los ciudadanos no tengan que pagar más este impuesto, que ahora pagarán los bancos".

La banca no se podrá deducir el pago del impuesto hipotecario

Para que esto sea posible, el Gobierno ha modificado el artículo 29 de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados estableciendo que cuando se trate de un préstamo con garantía hipotecaria se va a considerar "sujeto pasivo al prestamista". Además, el Ejecutivo ha cerrado la posibilidad a la banca de deducirse el pago del tributo cambiando el artículo 15 de la ley del impuesto de Sociedades.

En paralelo a estas medidas, y como también anunciara Sánchez, el Ministerio de Economía está trabajando en la creación de una autoridad independiente que vele por los derechos de los clientes, organismo que estará listo en las próximas semanas y que velará para prevenir que las entidades financieras puedan trasladar a las hipotecas el coste del pago del impuesto o que se introduzcan "cláusulas abusivas" al respecto.

En este punto, la ministra de Hacienda ha rechazado el "mantra" de que cada vez que se introducen impuestos para las empresas se hable de repercusión de costes y de que "o paga el ciudadano o paga el ciudadano". "Este Gobierno no cree en esa afirmación, las entidades financieras son responsables y hay competencia a la hora de ofrecer hipotecas

Montero ha sido cuestionada por el hecho de que algunas regiones gobernadas por el PSOE -como Andalucía- no han bajado o suprimido antes un impuesto "que algunos califican de abusivo" y que ahora ha provocado la actuación del Gobierno. La ministra ha subrayado que el AJD está cedido a las comunidades autonómas y que aporta "en torno a unos 2.000 millones de euros" a las arcas públicas.

Además ha señalado que las que tienen "peor financiación per cápita" se ven obligadas a realizar un mayor uso de los intrumentos tributarios a su alcance para mantener el gasto social. Por eso ha defendido que no se suprima el gravamen -tal y como propone el PP- asegurando que "la eliminación [del AJD] supondría unos 2.000 millones de euros menos para sanidad, educación y dependencia".

En este punto, Montero ha preguntado "a quienes abogan por su supresión" si también están "por el deterioro del Estado del Bienestar" o sin proponen "un instrumento alternativo de financiación" que pueda mantener esos servicios sociales.

Lo que no anunció el Gobierno en su comparecencia del jueves tras el Consejo de Ministros es que los bancos no tendrían que pagar el impuesto de las hipotecas cuando los préstamos se concedan a ciertas entidades, entre ellas los partidos políticos, el Estado y la Iglesia Católica.

Otra  modificación en el impuesto según la cual se añade un apartado 25 en el artículo 45.I.B) del real decreto legislativo que regula el impuesto de modo que queden exentas del IAJD "las escrituras de préstamo con garantía hipotecaria en las que el prestatario sea alguna de las personas o entidades incluidas en la letra A) anterior".

En ese artículo de la ley del impuesto se incluye al Estado, las entidades sin fines lucrativos, las cajas de ahorros y fundaciones bancarias en las compras de obra social, el Instituto de España y las Reales Academias, los partidos políticos con representación parlamentaria, la Iglesia Católica y las iglesias, confesiones y comunidades religiosas que tengan suscritos acuerdos de cooperación con el Estado español, la Cruz Roja y la ONCE, entre otros.

Estos organismos estaban exentos del impuesto de las hipotecas cuando el que debía pagarlo era el cliente. Ahora que lo deben pagar los bancos, también se incluye esa exención. En la medida en que para los bancos será más barato concederles una hipoteca a esas entidades que a un particular, podrán también ofrecerles mejores condiciones en los préstamos.

Está por ver si las comunidades autónomas también mantienen algunas exenciones en el pago del impuesto. En algunas, por ejemplo, estaban exentos total o parcialmente del impuesto de las hipotecas los discapacitados, las familias numerosas, los jóvenes y otros colectivos. En la medida en que ahora el banco asuma el pago completo del impuesto para esos colectivos, podrían salir perjudicados por el cambio normativo si las entidades acaban repercutiéndoles el impuesto. Además, Educación plantea establecer un plan de repetición personalizado para aquellos alumnos que, excepcionalmente, precisen de esta medida y adoptar medidas educativas ordinarias previas a la repetición.